Y los niños, aguantando

El reparto de los menores migrantes que están hacinados en Canarias es un asunto urgente, importante, de humanidad y que muestra qué tipo de país somos. El Tribunal Supremo impuso al Gobierno central el pasado 25 de marzo una medida cautelar urgente para que en el plazo máximo de diez días (y han pasado 56) asegurase el acceso de los mil menores que han pedido asilo en España en el sistema nacional de acogida de protección internacional. Como no ha habido ninguna novedad, el Supremo ha convocado una vista pública para el próximo 29 de mayo en la que solicitará al Gobierno que detalle las medidas que ha adoptado con los menores migrantes solicitantes de asilo que siguen en Canarias, tutelados por la administración autonómica.

Lo peor es que esos mil niños son menos de una cuarta parte de los que se hacinan en los servicios de acogida de Canarias, desbordados para atender tanta demanda. ¿La solución? Muchos de esos niños, acostumbrados a sobrevivir en las condiciones más extremas, acaban burlando la burocracia y llegan hasta la península con apariencia de adultos en los traslados que se organizan de la manos de las ONG. ¿Con la connivencia del Gobierno central? Eso es lo que defiende la Junta de Andalucía. Si es así, es una irresponsabilidad grave y manifiesta. Lo cierto es que, por omisión, por ignorancia o por incapacidad, a Andalucía han llegado 645 menores con apariencia de adultos que los servicios públicos, una vez detectados con la Fiscalía de Menores por medio, atienden convenientemente.

Mientras tanto, las administraciones están enfrascadas en los criterios de reparto de esos menores migrantes que llegan solos. En Cataluña han dicho que no quieren a ninguno y la ministra de Infancia, Sira Rego, no ha sido capaz de resolver el problema, ni por lo civil ni por ninguna otra vía. Se reunió con las comunidades el 5 de mayo para repartir la acogida y todavía está esperando los datos de las comunidades para ver cómo distribuye a esos menores.

Esta semana se supone que habrá algún avance en el asunto aunque habrá que ver si todas las comunidades cumplen y envían la información de sus servicios de acogida y a los niños que ya atienden. Porque esa es otra, el ministerio no hace públicos los datos de todas las autonomías, que es lo que se espera de un Gobierno democrático y transparente. En un juego casi de trileros, los esconden a la prensa y la opinión pública. Y mientras tanto, los niños aguantando en unas condiciones que deberían avergonzarnos como sociedad.