Confirman el archivo de la investigación del caso de la moneda Ossetana

La Audiencia de Sevilla ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por el PP y Vox, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla de archivar la investigación derivada de las denuncias de ambos partidos por presuntos delitos de prevaricación y de malversación con relación al convenio firmado por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache cuando estaba gobernado por el PSOE, con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, para que dicha entidad se encargase de la gestión del programa municipal de la moneda social 'Ossetana'.

La Audiencia ha confirmado así íntegramente el auto emitido en febrero por el Juzgado de Instrucción número 14 para el sobreseimiento de las actuaciones, en el que exponía que tras analizar el caso, no se aprecia finalmente "irregularidades o actuaciones irregulares respecto de los denunciados, que puedan encuadrarse como constitutivas de infracción penal", pesando "la declaración de la Secretaria General del Ayuntamiento desde 2019, Miriam Cornejo, cuando afirmó que su actuación (respecto al convenio del programa) era una advertencia hacia el futuro, pero que hasta el momento las subvenciones eran conforme a derecho, afirmando igualmente por otros declarantes, fundamentalmente por Juan Alfredo Guzmán, interventor desde diciembre de 2018 a junio de 2020 en el Ayuntamiento, que la subvención cumplía los requisitos básicos para su validez, aunque su regulación fuera mejorable".

"Las posibles deficiencias jurídicas que podía tener su tramitación o ejecución, como se ha afirmado por el interventor y por la secretaria, no suponen inobservancia de los tramites del procedimiento e igualmente ha quedado acreditado que se trataba de una subvención normativa, y que por tanto, como se ha afirmado por los técnicos denunciados y testigos del procedimiento, no estaba sujeta a los principios de concurrencia e igualdad, y que respecto a lo que ya se ha indicado de la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, pueda encontrarse con una mera irregularidad respecto de que pueda ser al mismo tiempo colaboradora y beneficiaria, pero esa irregularidad no afectaba para nada a los intereses generales del Ayuntamiento y de la población", explicaba el juzgado en su auto de febrero de archivo de la causa, ahora ratificado por la Audiencia.

Investigación del caso

Todo ello, después de que en 2023, el juzgado acordase investigar a aproximadamente una docena de concejales y exconcejales del PSOE que formaron parte del anterior Gobierno local, así como a un representante de la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, en el marco de esta causa.

Para ello, según el juzgado, se les había hecho entrega del informe elaborado sobre el asunto por la Guardia Civil, un informe que según los partidos denunciantes confirmaba que se trata de un caso de "corrupción" y según los socialistas, descartaba que medie malversación de caudales públicos.

"No queda acreditado la existencia de delito de prevaricación administrativa, ni malversación de caudales públicos", resumía en cualquier caso el Juzgado de Instrucción a la hora de sobreseer esta investigación, decisión que ha respaldado la Audiencia de Sevilla al desestimar los recursos del PP y Vox contra la misma.

El PSOE reclama a la alcaldesa que pida disculpas públicamente

Por su parte, la Agrupación socialista de San Juan de Analfarache ha defendido que ha quedado probada "la actuación legal y transparente del anterior equipo de Gobierno socialista liderado por Fernando Zamora, para ayudar a las familias que se encontraban en peor situación económica".

El PSOE ha reclamado así a la actual alcaldesa, la popular María Luisa Moya, como denunciante del asunto junto con Vox, "una disculpa pública por haber utilizado una causa judicial infundada como arma electoral, sembrando dudas injustas y dañando gravemente la reputación de Fernando Zamora y otros representantes socialistas". "El daño causado a nivel humano, profesional y político ha sido profundo y no debe quedar sin respuesta", avisa el PSOE.

"Al utilizar este proyecto como arma política, no sólo se ha intentado manchar el nombre de concejales socialistas, sino también desacreditar una herramienta de justicia social pensada para combatir la desigualdad y para ofrecer apoyo real a quienes más lo necesitan en nuestro municipio. Convertir una política social en un escándalo ficticio es también un ataque directo a quienes peor lo están pasando", enfatiza la Agrupación socialista, acusando al PP de recurrir al "fango político para intoxicar la opinión pública, tratando de instalar una falsa imagen de corrupción con fines estrictamente electorales".