El Gobierno critica que Andalucía lleve a los tribunales el registro de pisos turísticos: "Ponen palos en la rueda"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha expresado este viernes su malestar ante la decisión de algunos gobiernos autonómicos de recurrir judicialmente iniciativas estatales en materia de vivienda, haciendo referencia explícita al recurso presentado por Andalucía contra el registro de pisos turísticos. Rodríguez ha defendido la necesidad de priorizar las soluciones prácticas sobre los debates competenciales, mientras reclama apoyo parlamentario para el nuevo paquete fiscal presentado por el PSOE, que incluye medidas tanto incentivadoras como penalizadoras para abordar la problemática habitacional.

"La ciudadanía no quiere que discutamos de las competencias, sino que le demos respuestas y soluciones, y es lo que hace la ministra de Vivienda al ofrecer soluciones para garantizar el acceso a la vivienda, para abaratar los alquileres, para impedir la especulación", ha subrayado Rodríguez durante una entrevista concedida a Onda Cero. La titular de Vivienda ha remarcado la incongruencia que supone obstaculizar herramientas diseñadas precisamente para ayudar a las administraciones autonómicas y locales en el ejercicio de sus propias competencias.

La ministra ha puesto el foco en la contradictoria postura de algunas administraciones que, teniendo la capacidad regulatoria sobre turismo y vivienda, optan por entorpecer instrumentos que podrían reforzar su acción. "Lo que no entiendo es que cuando se ponen encima de la mesa instrumentos como éste, que incluso además lo que hacemos es desarrollar normativa europea, en lugar de acompañar este desarrollo, se pongan palos en la rueda", ha lamentado Rodríguez.

Para ilustrar esta contradicción, la ministra ha planteado cuestiones directas: "¿Cómo se le explica a un malagueño que su Gobierno no quiere que el Gobierno de España persiga los alojamientos turísticos ilegales en Málaga o que pongamos coto para que dejen de expandirse, para que dejen de impedir el acceso a la vivienda o para que dejen de encarecerse los alquileres en la calle Larios?". En la misma línea, ha cuestionado la pasividad del Ayuntamiento de Madrid ante los alojamientos turísticos irregulares detectados en la capital.

Rodríguez ha manifestado su incomprensión ante el recurso presentado por la Junta de Andalucía, defendiendo que el registro de pisos turísticos constituye una herramienta de apoyo para que las comunidades autónomas puedan ejercer sus competencias en la persecución de alojamientos ilegales o en la regulación turística, ya sea mediante tasas específicas o normativas locales restrictivas.

"Yo creo que da igual a quien hayan votado los andaluces. Hay una amplia mayoría que comparte conmigo que hemos de regular, si no prohibir, la presencia de pisos turísticos que impiden que ellos puedan vivir en sus ciudades", ha enfatizado la ministra, apelando a un supuesto consenso social que trasciende las líneas partidistas.

El nuevo paquete fiscal sobre vivienda

Respecto a las medidas fiscales presentadas este jueves por el PSOE mediante una proposición de ley en el Congreso, Rodríguez ha explicado que esta propuesta contiene tanto incentivos positivos como desincentivos negativos para abordar "por tierra, mar y aire" la problemática habitacional. El paquete contempla, entre otras medidas, incrementar la presión fiscal sobre propietarios de viviendas vacías y sobre extranjeros no comunitarios que adquieran inmuebles en España.

"Tenemos la certeza de que compartimos con una amplia mayoría social y también política que se ha de priorizar la vivienda para vivir y las ciudades para los vecinos", ha defendido la ministra, recordando que el Ejecutivo ya ha implementado numerosas iniciativas en el último año y medio para hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda, incluyendo la creación del controvertido registro de pisos turísticos.

La ministra ha reconocido las dificultades parlamentarias para sacar adelante esta propuesta fiscal, pero ha mostrado su convicción de que resultará complicado para las formaciones políticas oponerse a medidas que gozan de "consenso social". "Yo creo que es difícil oponerse a esta iniciativa, porque es mesurada al tiempo que es contundente", ha argumentado, destacando que el paquete equilibra incentivos para la movilización y rehabilitación de viviendas con penalizaciones a factores que distorsionan el mercado del alquiler.

Medidas específicas

Ante la pregunta sobre si los propietarios de segundas residencias no ocupadas en entornos rurales deberán afrontar una mayor carga impositiva, Rodríguez ha matizado que, si bien la problemática habitacional se concentra principalmente en las grandes urbes, también existen necesidades de vivienda en el medio rural, donde muchos inmuebles requieren rehabilitación para ser habitables.

"En las grandes ciudades el porcentaje de vivienda vacía es mínimo y probablemente si aterrizáramos al detalle, vemos que son viviendas que no están para ser habitadas en aquellas zonas más tensionadas, pero creo que es muy importante que ante esta emergencia pongamos todos los recursos e intentemos apurar todas las posibilidades para movilizar esta vivienda", ha señalado la ministra.

Rodríguez ha destacado la ampliación de deducciones en el IRPF para propietarios que alquilen sus viviendas por debajo del índice de referencia, incluso en zonas no declaradas como tensionadas. Esta medida busca beneficiar tanto a inquilinos como a propietarios, reduciendo los precios del alquiler mientras se ofrecen incentivos fiscales a los arrendadores.

"Como aquí se han empeñado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid a no hacerlo [a no declararse zona tensionada], yo lo que no quiero es que se vean castigados los inquilinos madrileños que también necesitan que se les baje el alquiler y, por tanto, vamos a acompañar a sus propietarios para que bajando el alquiler, ellos también se vean bonificados por estas deducciones", ha explicado la ministra.

¿Qué implica el registro nacional de viviendas de uso turístico?

El registro nacional de viviendas de uso turístico constituye una herramienta desarrollada por el Ministerio de Vivienda para centralizar la información sobre alojamientos turísticos en España. Este instrumento pretende facilitar la identificación de pisos turísticos irregulares y contribuir a una mejor regulación del sector, especialmente en zonas con alta presión inmobiliaria donde la proliferación de estos alojamientos ha tensionado el mercado de alquiler residencial.

La iniciativa forma parte de la estrategia gubernamental para implementar directivas europeas sobre transparencia en el sector, pero ha encontrado resistencia en algunas comunidades autónomas que consideran invadidas sus competencias. El conflicto institucional evidencia las distintas visiones sobre cómo abordar el impacto del turismo en el acceso a la vivienda, un debate que trasciende lo administrativo para entrar en el terreno de los modelos económicos y sociales.

¿Cómo afecta la proliferación de pisos turísticos al mercado inmobiliario?

La expansión de viviendas dedicadas al alquiler vacacional ha generado un impacto significativo en numerosas ciudades españolas, especialmente en destinos turísticos consolidados. Los estudios apuntan a una correlación entre la alta concentración de alojamientos turísticos y el incremento de precios en el mercado residencial, tanto en venta como en alquiler, debido a la reducción de la oferta disponible para residentes permanentes.

Este fenómeno ha provocado procesos de gentrificación en barrios céntricos de ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga o Palma de Mallorca, donde la población local experimenta crecientes dificultades para mantener su residencia. La tensión entre los beneficios económicos del turismo y el derecho a la vivienda constituye uno de los principales retos de política urbana en la actualidad española.

¿Qué posibilidades tienen las comunidades autónomas para regular los pisos turísticos?

Las administraciones autonómicas disponen de diversas herramientas regulatorias para intervenir en el mercado de los alojamientos turísticos. Entre ellas se encuentran la imposición de requisitos específicos para obtener licencias de actividad, el establecimiento de moratorias en zonas saturadas, la implementación de tasas turísticas o la limitación de la temporalidad de los alquileres vacacionales.

Algunas comunidades y ayuntamientos han adoptado ya medidas restrictivas, como la prohibición de nuevos pisos turísticos en determinados distritos o la exigencia de accesos independientes. Sin embargo, la efectividad de estas regulaciones depende en gran medida de la capacidad inspectora y sancionadora de las administraciones, así como de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Bernal: "No queremos registros duplicados"

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha defendido este viernes en Baeza (Jaén) la decisión de la Junta de Andalucía de recurrir ante los tribunales el registro único de pisos turísticos impulsado por el Gobierno central, alegando "una invasión de competencias autonómicas y una falta de diálogo institucional".

Bernal, en declaraciones a los medios, ha subrayado que Andalucía está "absolutamente de acuerdo" con la normativa europea sobre alquileres de corta duración, aprobada en abril de 2024, que busca "mejorar la transparencia y el intercambio de información en este mercado". Sin embargo, el consejero critica que el Ejecutivo central haya creado un registro estatal "sin contar con las comunidades autónomas", que son quienes ostentan la competencia exclusiva en materia de turismo.

"No solamente debíamos ser oídos por una razón de sentido común, sino que el propio reglamento europeo así lo decía: no establezcan ustedes registros duplicados cuando ya existen en la comunidad autónoma, no hace falta. El Gobierno de España se lo ha saltado a la torera", ha afirmado Bernal, quien insiste en que la Junta ha seguido todos los cauces legales y administrativos previos antes de presentar el recurso.

Así, ha señalado que el propio Consejo de Estado ha emitido un dictamen "demoledor" que cuestiona la legalidad del Real Decreto estatal, y ha recordado que la Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción contra España por la forma en que se ha regulado este registro, advirtiendo de "la posible duplicidad y exceso de burocracia".

Bernal insiste en que la Junta no se opone a la regulación ni a la lucha contra la oferta ilegal, pero sí a la imposición de un sistema que, según denuncia, genera más costes y trámites innecesarios para los administrados y no respeta el reparto competencial. "Estamos profundamente en desacuerdo con esta actuación que ha hecho el Gobierno de España, que además de otros inconvenientes jurídicos, tiene un vicio de inmunidad completo", ha recalcado.