Legislar sentimientos

En esta sociedad nuestra dividida por un muro ideológico, son muchos los factores que agrandan esa necia cárcava. Parte del problema deviene, creo, de la pretensión de legislar sobre sentimientos. Ello, detectable en otros casos como la Ley Trans, es especialmente grave en el ámbito penal y en relación con los llamados delitos de odio. Así como nadie puede ser penado por sus pensamientos, tampoco ha de serlo por sus meros sentimientos. De la misma forma que no son delitos la codicia, el egoísmo o la soberbia, tampoco puede serlo, sin más, el odio. Obviamente si estos sentimientos se convierten en causa de agresión, discriminación, marginación e incitación, o se concretan en cualquier daño, serán tales conductas las que constituyan el tipo punible, pero no el sentimiento que hay detrás. Así, el derecho penal no puede prohibir el odio, no puede castigar al ciudadano que odia. Ignorar tal realidad, señala José Errasti, “más parece propio del estúpido sentimientocentrismo (sic) que nos invade, –del que no se libra el legislador–, que de una sólida fundamentación en Teoría del Derecho”.

Estamos ya en el delicado campo de la libertad ideológica y de su vertiente externa, la libertad de expresión. Si ideologizamos los límites de lo que es expresable y de lo que no, manipulamos, con la excusa del odio, el predominio de determinados sentimientos y el rechazo de otros. Añadan que la jurisprudencia sobre la libertad de expresión dista de ser pacífica y comprenderán que el éxito retórico del sintagma “delito de odio” abre una aterradora puerta a que suenen aceptables para la ciudadanía acciones jurídicas contra actos que son simples ejercicios de libertad. Discursos antidemocráticos (aun molestos, inquietantes y hasta intolerantes) han de ser admitidos siempre que no pongan en peligro un bien jurídico individual constitucionalmente protegido. No cabe pues, bajo el paraguas del discurso del odio, restringir o eliminar nuestra libertad de expresión y menos si el discurso castigado lo es siempre de un mismo color político.

Y es que el afán de imponer las propias ideas no puede trastocar el funcionamiento de la máquina jurídica. Se legisla sobre hechos y no sobre sentimientos. Éstos, en cuanto que subjetivos e improbables, introducen inseguridad en el ordenamiento. No entenderlo de este modo es no comprender como se organiza el funcionamiento de una sociedad racional, plural y tendencialmente justa.