Agreden a un vigilante de seguridad cuando llamó al orden en los accesos a la UCI del Virgen del Rocío

El sindicato CSIF ha denunciado una nueva agresión a un vigilante de seguridad ocurrida la semana pasada en el Hospital Virgen del Rocío. “El incidente pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad legal y desprotección a la que se enfrentan los profesionales de la seguridad privada en España”, apuntan desde el sindicato.

Según informan responsables sindicales de CSIF en la empresa Ilunion Seguridad, el vigilante agredido intentaba restablecer el orden en la zona de acceso a la UCI del hospital, donde una veintena de personas obstaculizaban el paso. Al solicitar que descendieran a la planta baja para cumplir con el protocolo de visitas, varios individuos reaccionaron con agresividad, derivando en una violenta agresión que solo pudo ser contenida tras la intervención policial. El vigilante tuvo que recibir asistencia médica y denunció los hechos.

Este episodio no es aislado. Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron más de 1.500 incidentes violentos contra estos profesionales, un aumento del 25% respecto al año anterior. CSIF subraya el notable incremento desde 2013, con una tendencia ascendente que estima alcanzará los 1.600 casos en 2025.

"Marco legal obsoleto"

CSIF denuncia la "ausencia de un amparo jurídico específico" para los trabajadores de la seguridad privada, lo que los coloca en una "posición de gran vulnerabilidad ante episodios violentos". Consideran que esta situación se agrava por el retraso en la aprobación del nuevo reglamento de la Ley de Seguridad Privada, promulgada hace más de nueve años. "El sector se ve obligado a operar bajo un reglamento obsoleto, con importantes lagunas legales y sin capacidad para responder a los nuevos retos de la seguridad moderna", lamentan.

Tanto CSIF como diferentes asociaciones reclaman una reforma legal que reconozca la labor de los vigilantes de seguridad, establezca un tipo delictivo específico para las agresiones y garantice una protección jurídica adecuada. Además, piden la aprobación inmediata del reglamento pendiente, así como mejoras en equipamiento, formación y condiciones laborales.