Río Grande justificó el ERE que lo ha llevado a juicio en que la plantilla estaba "demasiado envejecida"

El juicio de la macrocausa de los ERE relativo a las ayudas que la Junta de Andalucía concedió en 2005 a la empresa Río Grande, que gestionaba el famoso restaurante de la calle Betis, ha vivido este martes su segunda jornada con un carrusel de más de una decena de comparecencias. Ha habido varios testigos de parte, entre ellos una experta que, por encargo de la dueña del establecimiento, realizó un informe para justificar doce despidos. Y su conclusión más llamativa, además de las pérdidas económicas, es que la plantilla estaba "muy envejecida", con una edad media de "entre 50 y 60 años" y una "antigüedad muy grande", con un promedio de más de 25 años en la empresa. "La edad media en el sector de la hostelería es mucho más baja porque se trata de personal no cualificado y fundamentalmente entra gente joven", ha argumentado ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. Curiosamente, también ha reconocido que en la época de los hechos, 2005, era "casi imposible" que personas de unos 55 años volvieran a encontrar un trabajo.

También por parte de una defensa ha comparecido un economista, autor de otro informe sobre la situación de Río Grande. "La empresa estaba en una situación financiera muy mala", ha asegurado este testigo. Y eso que en 2004 consiguió más de dos millones de euros de beneficios gracias a la venta de su participación (un 8%) en otro grupo. "Pero sin esa venta, las cuentas habrían dado un resultado negativo de 800.000 o 900.000 euros", ha matizado. Llegado a ese punto, la abogada de la acusación ejercida por la Junta de Andalucía le ha hecho notar que esos dos millones, a fin de cuentas, entraron igualmente en la caja de la mercantil.

La sesión, de hecho, ha concluido con dos peritos que en 2011 efectuaron otro informe, pero este para el viceconsejero de Trabajo. Y una de las cosas que han destacado, porque les pareció "raro", es que una beneficiaria de la póliza que abonó la Junta era una mujer que fue contratada cuando ya tenía 64 años y que cumplió 65, y se jubiló, cuando se estaba tramitando el ERE. Es más, los fondos públicos se destinaron a la extinción laboral de doce personas y en el ERE de la empresa hubo trece: "Había una persona que no pertenecía a la empresa, una intrusa en este caso", han apostillado estos testigos.

De todos los comparecientes, sólo dos se sientan en el banquillo de los acusados. Uno, un testaferro presente en otros casos de los ERE que en esta ocasión se ha acogido a su derecho a no declarar. Y otra, una comercial de una empresa de mensajería que ha asegurado que "nunca" tuvo "ninguna relación con Río Grande". "No sé quiénes son ni dónde están", ha espetado.

Las claves del caso

En esta pieza de los ERE, la Fiscalía Anticorrupción solicitó inicialmente siete años de cárcel para el conseguidor de los ERE Juan Lanzas en relación con una ayuda de 1,5 millones que la Junta concedió a la empresa Río Grande. En la causa hay un total de ocho acusados, entre ellos la administradora única del restaurante, Carmen García, que se exponía a la misma petición de siete años por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos; y una intrusa que nunca trabajó en el establecimiento y supuestamente se benefició de una póliza de seguro, con una solicitud de cuatro años y medio de prisión para ella. En la primera sesión, sin embargo, el Ministerio Público rebajó su petición hasta los tres años.

En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía señala que la administradora de Río Grande, "sabedora de que la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Trabajo y al margen de los procedimientos legalmente establecidos, podía otorgarle fondos públicos para obtener liquidez inmediata, consiguió que el director general beneficiara a la empresa con una ayuda por importe de 1.531.299,91 euros" que se concedió mediante "el sistema irregular de pagos cruzados para el abono de primas de seguro" así que esos pagos "no quedan reflejados en la contabilidad de la agencia IFA-IDEA".

Río Grande solicitó el 15 de julio de 2005 un ERE para 12 de los 33 trabajadores de la plantilla. Alegó causas organizativas y presentó un memoria explicativa en la que describía "resultados negativos, especialmente en 2004", aunque "es cierto que la empresa declaró beneficios por importe de 1.250.594,42 euros".

La empresaria, prosigue la Fiscalía, "se valió" de Lanzas para lograr la ayuda. Este acusado, "abusando de su posición como secretario general de UGT" entre 1997 y 2002 y de su relación con Estudios Jurídicos Villasís o la consultora Vitalia, "fomentó activamente la concesión y pago de la ayuda a sabiendas de su ilicitud" realizando gestiones con la Consejería de Empleo. Fue él quien puso en contacto a la mercantil con el entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, y "recibió como remuneración la cantidad de 93.090,17 euros" que Carmen García realizó en 2006 a la empresa Atrado Mensajería.

Esa sociedad, propiedad de Lanzas, formaba parte de un conjunto de "empresas instrumentales y personas interpuestas que se utilizaban tanto para facturar como para recibir parte de los fondos públicos que le correspondían conforme a lo acordado los responsables de Vitalia, como para generar saldos disponibles en efectivo entregados a otras personas", argumenta la Fiscalía.

Todos los pagos realizados por el ERE de Río Grande, según el Ministerio Público, se hicieron a través del "irregular sistema" que la propia Dirección General de Trabajo llamó "pagos cruzados". "Este método consiste en el desvío de fondos públicos mediante escritos en los que la Dirección General ordenaba a las aseguradoras o mediadoras aplicar fondos ya recibidos de IFA/IDEA desde su destino inicial (el pago de determinadas pólizas) a otro distinto (el pago de pólizas diferentes)", detalla la fiscal. Esta operativa, que "provocó la carencia absoluta de control en el pago de las ayudas" porque los pagos cruzados no aparecían en la contabilidad de la Administración, "fue utilizado en la totalidad de los pagos" a Río Grande.

La concesión de estas ayudas, concluye la Fiscalía, "no fue sometida a fiscalización previa" de los interventores de la Consejería, "tal como era legalmente exigible", ni fue vigilada después por la Administración. "No existe documentación que acredite el mínimo cumplimiento de las normas que regulen la concesión de subvenciones", apostilla la acusación.